El anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía y que persigue introducir más competencia en diferentes campos de actividad trae de cabeza a gran parte de las profesiones liberales, desde farmacéuticos y abogados, a arquitectosy todos los actores involucrados en la edificación.
La futura norma les quita el sueño y no porque ya estén al tanto de los detalles de su articulado, sino por lo contrario. A pocas semanas de que se presente en el Consejo de Ministros –todo apunta a que será este mes–, nadie conoce nada sobre su contenido, más allá de dos inquietantes documentos de trabajo con membrete del Ministerio de Economía que circulan desde hace meses e invitan a pensar que –en el ámbito de la construcción– el objetivo es eliminar la exclusividad de la que gozan actualmente los arquitectos para redactar proyectos de edificación.
Desde 1999, la Ley de Ordenación de Edificación (LOE) define las parcelas que debe asumir cada especialista. El cambio hará que, además de los arquitectos, cualquier otro profesional con formación en edificación esté habilitado para redactar y firmar, por ejemplo, proyectos residenciales, escolares o sanitarios.
Sería el caso de los ingenieros de Caminos o Industriales, por ejemplo, que ya realizan parte de estos proyectos y pueden liderar la construcción de determinados edificios, como naves industriales o talleres.
"Liberalizarlo todo no creo que sea la panacea", afirma Rafael Moneo, el arquitecto español más influyente de las últimas décadas, que junto con dos de sus colegas más afamados –Ricardo Aroca y Fuensanta Nieto– pide al Gobierno a través de este suplemento que recapacite sobre el particular y sobre otras muchas cosas que los dos textos proponen.
"Debería reflejar la situación real de cómo se produce la intervención de los profesionales en la construcción y conseguir que se produjese del modo más eficiente para la gente, sin hacer que esto sea una disputa entre profesionales", señala Moneo.
Se aprobará este año
El Gobierno tiene la obligación de aprobar dicha ley antes de final de año pues, a propuesta de éste, la revisión de los servicios profesionales se enmarca dentro del Plan Nacional de Reformas que ahora le exige Bruselas.
Desde Economía afirman que los dos documentos –uno de ellos ya con articulado– "son todos preliminares" y datan del año pasado, y se aferran a que, hace 10 días, el ministro De Guindos aseguraba en el Senado que la norma "está todavía en fase de elaboración de preborrador", es decir, sin concretar.
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